HONDURAS, EN GRAVES PROBLEMAS

Contracorriente:

¿POR QUÉ NO SE CALLA?

Juan Ramón Martínez

La señora López, Presidente del Comité Central del Partido Nacional, ha estado dando diversas, frecuentes; y enrevesadas declaraciones. Sin tomar en cuenta que hablar de reelección constituye un delito que la puede inhabilitar en el futuro para el desempeño del cargo; y otros que le pueden asignar sus correligionarios, se ha atrevido a manifestarse a favor de la misma. Aunque se cuida mucho, afirmando que son opiniones personales porque el Comité Central no se ha reunido para tratar el asunto, aboga por la reelección presidencial, invocando la defensa de los derechos humanos de los potenciales reeleccionistas. Y la destrucción de la Constitución. Porque de otra forma, es materialmente posible presentarse nuevamente a un torneo electoral quien ha sido elegido y desempeñado la Presidencia de la República.

Aparentemente, la señora López no ha hecho reflexiones profundas; ni estudios formales sobre el asunto. Actúa en función de hacerle guiños al presidente JOH, al cual todos lo reconocemos como un mandatario que por su dedicación al cargo y la concentración de cinco asunto básicos, ha conquistado sonados éxitos en tan poco tiempo. Pasando por alto que, al hacerlo, se lleva de encuentro la sumisión de sus obligaciones al imperio de la ley; y pone en entredicho la condición democrática del Partido que dice representar. Oswaldo Ramos, en cambio, como avezado abogado que es, cuando le preguntan sobre el tema, se abstiene de declarar porque constituye un delito ir en contra de lo que prohíbe la Constitución de 1982: favorecer o promover, de cualquiera forma que sea, el continuismo presidencial por medio de la reforma de la irreformable Constitución de Honduras.

Tampoco ha estudiado el tema de los derechos humanos, asunto sobre el cual no le hemos oído una palabra cuando se trata de la protección de la integridad física, moral y psicológica de los compatriotas de a pie. Poniendo en evidencia, la precariedad que maneja sobre el asunto. Simplemente repite una frase que se usara hace algunos años, en el sentido que se violan los derechos humanos de una persona, cuando se le aplica la ley, vedándole el “derecho” a reelegirse porque vulnera los derechos del resto de los hondureños. Resulta que los derechos políticos establecidos por la Constitución de 1982, determinan que tenemos acceso a elegir y a ser electos. Con lo que, al establecerse la reelección, es el artículo mencionado, que protege los derechos de todos, el que resulta lesionado por el embeleque de, darle gusto, al egoísmo rampante de los que se enamoran del poder; y no pueden vivir fuera de él. Porque lo consideran un error. Y vivir en el error es mejor morir, como afirmaba el embajador Garizurieta.

La reelección es innecesaria. Su aplicación no ha redituado beneficios para el país. La reelección sufrida, más larga y continuada,-- la de Tiburcio Carías Andino --- congeló al país, paralizó su desarrollo institucional, creó una cultura de sumisión al caudillaje, enseñó que no había que respetar las leyes, sino que someterse al tutelaje de la dictadura; y frenó, cómo se puede comprobar fácilmente, el desarrollo del país. De allí que no tiene sentido invocar una práctica que nos retrotrae a lo peor del pasado. Y nos empuja, mucho más, en brazos de la pobreza y el subdesarrollo. Los gobernantes tienen cuatro años, que son suficientes para hacer lo que corresponde, dentro de una concepción continua, en la que, un periodo presidencial, se articula al siguiente, de forma que los resultados de largo plazo, se logran; y se, aseguran fácilmente.

En consecuencia, lo cívico, lo ético y lo moral – virtudes que la mayoría de los políticos no ejercen, con las excepciones que confirman la regla – es predicar, desde los altos cargos, el recto y obligado cumplimiento de la ley. En el entendido que las sociedades que se someten a la misma, progresan y se desarrollan como lo han demostrado Daron Acemoglu y James A, Robinson en su libro “Por Qué Fracasan Los Países”. No ayuda a Honduras que sus dirigentes hagan “magisterio” del irrespeto a la ley. Su papel, es el de convertirnos a todos, en vez de discípulos de las personas, en esclavos de la ley. Por ello, es que, parafraseando al Rey Juan Carlos I, me permito solicitarle a la señora López, con el mayor de los respetos, ¡qué se calle!; y deje de fomentar la ilegalidad.