CONTRACORRIENTE

Juan Ramón Martínez. No formo parte de los que esperan con ansias, el colapso final de Honduras. No porque no aman a su país, sino que para echarle la culpa a los partidos políticos, a las elites empresariales, a los gobiernos; y por supuesto a la burguesía rural o urbana. O para implorar la ayuda internacional, aprovechar las migajas que se caen de las mesas de los epulones que manejan las cosas en el país y hacer algunos negocios; o para encontrar datos estadísticos con la cual construir las escaleras de sacrificio, por donde se desliza el país hacia las desgracias. Más bien, fui formado para tener esperanza, para creer que el futuro sería mejor y para confiar en el desarrollo de una conciencia política en que la participación ciudadana dejara de ser un simple mecanismo destinado a la manipulación. De forma que la crítica que he hecho en estos años y las declaraciones dadas a los medios de comunicación, no han tenido la finalidad de anunciar el fin el mundo, sino que para llamar la a

Juan Ramón Martínez. Hacía muchos años que los obreros y los empresarios no se ponían de acuerdo en lo del salario mínimo. Durante los últimos años, la discusión del tema fue una pérdida de tiempo, una acumulación de ofensas y enconos entre unos y otros que, entre otros resultados contraían la inversión y desarrollaban cierta incomodidad y desesperanza entre los trabajadores. Durante el gobierno de Zelaya, se hizo el incremento mayor del salario mínimo que se tenga memoria en toda la historia. Aunque la medida estaba basada en la consideración lógica que para reactivar la economía había que aumentar la capacidad de compra de los hondureños, los cálculos se hicieron en forma festinada en lo que pareció, el fin era más que favorecer a los trabajadores, castigar a los productores, de todos los tamaños, especialmente a los más pequeños que luchan contra su desempleo personal y el de sus familiares. Los resultados fueron catastróficos; subió el desempleo, se redujo el comercio y la pobreza