CONTRACORRIENTE

Juan Ramón Martínez. Coincido plenamente con el editorialista de La Tribuna – cosa que nos es frecuente; y que solo sirve para ratificar la pluralidad y la libertad que gozamos en este periódico – en el rechazo a lo que ha hecho el Congreso Nacional con respecto a la interpretación de una facultad constitucional, expresamente clara, de las Fuerzas Armadas en sus obligaciones de apoyar en casos de emergencia a la Policía Nacional. Además, estoy de acuerdo con el editorialista, en cuanto a que lo que se ha hecho en el Congreso es jurídicamente innecesario. Que no cabe la interpretación. Y que las cosas están muy claras: las Fuerzas Armadas intervienen, en apoyo a la Policía, en circunstancias calificadas de emergencia . De allí que sea innecesario e inconveniente lo que ha hecho el Congreso al creer que basta que ellos digan que las cosas son de tal manera, para que ello sea de la forma cómo lo desean. El aparato jurídico tiene una coherencia y una naturaleza tal, que no se puede hacer

Juan Ramón Martínez. La propuesta de unir a la Secretarías de Defensa y Seguridad, como en el cercano pasado, ha producido un verdadero revuelo. Todos, unos más que otros, han sacado sus cuchillos afilados, la oxidadas escopetas y los anticuados mosquetes de sus mocedades, para defender sus posturas. Y proteger sus cotos particulares de caza. Y en el barrullo se ha resaltado un hecho: hasta las declaraciones del sábado recién pasado, ofrecidas por el Presidente Lobo Sosa, no se sabía que es lo que se buscaba con la medida. Aunque todos podemos hacer nuestras propias especulaciones, porque imaginación no nos hace falta en una sociedad en donde “nos conocemos desde muy atrás”, todos nos hacemos los de a peseta, jugando como en la vieja y pegajosa canción, al especular sobre qué es lo que “quiere el negro”. Un amigo, de esos que saben las suyas y las ajenas, me decía frente a mi argumento que era difícil contestar a una cuestión como la planteada en la que no se sabía cuál era el objet

Juan Ramón Martínez. [caption id="attachment_293" align="alignright" width="300" caption="Fotografía por davidNallah's @ flickr"] [/caption] Los constituyentes que suscribieron la Constitución de 1982, retomaron una vieja cuestión sin solución hasta entonces: como asegurar la continuidad del estado de derecho. En la Constitución de 1957, tomando como ejemplo la Constitución Revolucionaria de Guatemala, establecieron la imposibilidad teórica de la ruptura constitucional y el consiguiente castigo a quienes pretendieran producirlo o ejecutarlo. Pero no llegaron a encontrar el mecanismo ideal, hasta que las Fuerzas Armadas, a quienes se les había confiado la responsabilidad de dirigir y ejecutar la rebelión popular en contra de los irrespetuosos de la ley, fueron – como fruto del proceso interno que obligó el fin de la guerra fría – los responsables de encabezarla o respaldarla. Eso entrañaba la falta de confianza de la responsabilidad democrátic

Juan Ramon Martínez. Óscar Álvarez hizo mucho daño a la política de seguridad del país. Volvió su perspectiva tan personal y hermética, que dejó fuera a los actores policiales, dividió a las instituciones en seguidores suyos y adversarios; y eliminó la intervensión de la sociedad en un asunto que más de la policía o del gobierno, es y debe ser su principal preocupación. Y al querer convertir a la Policía en una suerte de Fuerzas Armadas sustitutas, creó un clima interno sin las salidas correspondientes que ha generado entre otras cosas, inseguridad en los oficiales policiales que no le ven seguridad a su futuro; ni mucho menos reconocimiento y tranquilidad suficiente para vivirlo en forma decente. En otras palabras, el problema que tiene que enfrentar Pompeyo Bonilla es de dimensiones gigantescas. No solo hay incoherencia interna, desacuerdos y desconfianzas evidentes, sino que además, una evidente desarticulación con la sociedad que no confía en la Policía, especialmente porque así co

Juan Ramón Martínez. Me llamó mucho la atención, la campaña de este periódico para que los Estados Unidos donara aviones y helicópteros. Supuestamente destinados, al combate de los narcotraficantes que usan el territorio nacional para transportar la droga hacia los Estados Unidos. Al principio, creí que era una campaña de las Fuerzas Armadas. Pero al verificarlo, constaté que no había tal. Al final, he concluido que se trata de una iniciativa del periódico que, en este caso – según me parece – se ha excedido en su voluntad de ser una fuerza al servicio del país. Por supuesto, no me opongo a que los periódicos, desde su línea editorial, sugieran cursos de acción. Pero teniendo cuidado en evitar suplantar  a las autoridades. Porque una cosa es sugerir y otra muy diferente, iniciar una campaña para que los Estados Unidos, desde Viera, decidan regalarnos aeronaves para una campaña en la cual ellos son los principales interesados y nosotros, por esa vía, ahondamos nuestra tarea de mandadero