F.F.A.A, CONSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA

Juan Ramón Martínez.

[caption id="attachment_293" align="alignright" width="300" caption="Fotografía por davidNallah's @ flickr"][/caption]

Los constituyentes que suscribieron la Constitución de 1982, retomaron una vieja cuestión sin solución hasta entonces: como asegurar la continuidad del estado de derecho. En la Constitución de 1957, tomando como ejemplo la Constitución Revolucionaria de Guatemala, establecieron la imposibilidad teórica de la ruptura constitucional y el consiguiente castigo a quienes pretendieran producirlo o ejecutarlo. Pero no llegaron a encontrar el mecanismo ideal, hasta que las Fuerzas Armadas, a quienes se les había confiado la responsabilidad de dirigir y ejecutar la rebelión popular en contra de los irrespetuosos de la ley, fueron – como fruto del proceso interno que obligó el fin de la guerra fría – los responsables de encabezarla o respaldarla. Eso entrañaba la falta de confianza de la responsabilidad democrática de las élites políticas nacionales. Que en la jornada dolorosa del 3 de octubre no tuvieron la fuerza de enfrentarse con unas fuerzas militares que eran teóricamente derrotables, utilizando las técnicas de la huelga general. Y que, en 1985, (Suazo Córdova) mostraron falsedad, hipocresía y su inveterada inclinación por el continuismo formal, como medio de cumplir sus apetitos y lograr la protección de sus mezquinos intereses.

Durante las gestiones Carlos Roberto Reina y Carlos Flores, las Fuerzas Armadas se sometieron al la superioridad del estamento civil. Y cambiaron como ninguna otra institución nacional, la naturaleza de su misión y fortalecieron el espíritu de garantes de la defensa de la Constitución de la República. Por ello, en la crisis de 2009, no apoyaron a Zelaya porque violaba la ley y les empujaba a actuar en contra de sus deberes. Más bien en obediencia a la Constitución y respeto a las instituciones establecidas, no obedecieron las órdenes y procedieron de conformidad a lo que indicaba la ley. De forma que por primera vez, por medio de la aplicación del artículo 239, los constitucionalistas de 1980, pudieron observar la operación de asegurar y preservar la continuidad constitucional. La firmeza de los militares – ante las tentaciones del dinero fácil y los honores ilimitados – ha sido fundamental para garantizar la paz y evitar la guerra civil a partir del 28 de junio de aquel año desafortunado.

Sin embargo, los que no pudieron utilizar a las Fuerzas Armadas, como en octubre de 1963; ahora pretenden señalarla como una institución enemiga que hay que desprestigiar, atribuyéndole responsabilidades que no ha buscado, sino que los constituyentes les confiaron. El pueblo hondureño, que no tiene un pelo de tonto sin embargo, considera actualmente a las Fuerzas Armadas, después de las Iglesias, como la institución que mayor confianza le provocan. Los analistas democráticas les han devuelto el crédito, en la medida en que se subordinan al poder civil; y se convierten en un brazo armado al servicio del respaldo de las negociaciones con los países vecinos, en los asuntos relacionados con la defensa de la integridad territorial.

 Por supuesto, hay algunas cosas que corregir. En los 80, la idea era mantenerlas ocupadas, dándole más funciones que las que les correspondían. En estos momentos, no cabe duda que las tareas y responsabilidades que se le otorgan a las Fuerzas Armadas en la Constitución, son excesivas. No tienen porque andar apagando incendios – excepto en casos de crisis generalizada y de conformidad con procesos determinados por leyes especiales – persiguiendo depredadores del bosque; ni mucho menos apoyando a las autoridades sanitarias en la vacunación de los niños. Por supuesto, esas 24 funciones que tienen atribuidas en la Constitución, deben ser revisadas y eliminadas, para que estas puedan consagrarse a dos conjuntos de tareas; las referidas a la defensa de la integridad territorial y a la protección de la Constitución y la defensa del imperio de la ley. De este modo, podemos orientarlas hacia el cumplimiento de las acciones de defensa que nos produzcan seguridad a todos, sabiendo que el enemigo externo esta neutralizado en forma total y definitiva. Hasta ahora esta función es insustituible y nadie más, sino son las Fuerzas Armadas las que apoyadas por el pueblo, las únicas que pueden cumplirla.

La defensa del imperio de la Constitución, por mientras las élites no muestren madurez y compromiso en la defensa de la libertad y la democracia, es en lo interno, una función indelegable. Ambas, la externa y la interna, son fundamentales para la existencia del país. De forma que solo los que tienen intereses subalternos, tanto en la intención de entregar la soberanía a los nuevos imperios regionales que pretenden dominarnos; como en lo referido al establecimiento de regímenes autoritarios aprovechando los mecanismos de la democracia para destruir la democracia, son los que pueden pensar en la supresión de las Fuerzas Armadas, en su fusión con la Policía; o en la conversación en una institución descalza, objeto de burla y desconsideración. La confianza que necesitamos para sobrevivir a las crisis inevitables que tenemos enfrente, requiere de la existencia de unas Fuerzas Armadas profesionales, sometidas al poder civil y subordinadas al imperio de la ley. Solo los enemigos de la vida democrática, pueden buscar su desaparición. Ramón Oquelí nos lo previno. El sabia que la institución militar era además, fuente de identidad.