EL PUÑAL DE "BRUTO"

Juan Ramón Martínez.

[caption id="attachment_411" align="alignright" width="250" caption="Oswaldo Ramos Soto. Fotografía de La Tribuna."][/caption]

Es injusto lo que han hecho con Ramos Soto. Escudándose en su prestigio de probado constitucionalista, de defensor del estado de derecho, lo usan para introducir una medida inconstitucional con la cual se quiere castigar y debilitar a la Corte Suprema de Justicia, preparando el terreno para que en un segundo intento, los delincuentes políticos, destruyan el estado de derecho. Pero Ramos Soto no es del todo inocente en esta jugada. No solo ha preparado un proyecto peligroso para la constitucionalidad del país, sino que además, ha construido – con el talento que Dios le ha dotado – un conjunto de argumentos falsos, con los cuales nos quiere engañar, menospreciando la capacidad y el sentido común de todos. Y pasando por alto que, contrario a otras ramas del derecho, donde se privilegia la especialización, el Derecho Constitucional es de una naturaleza tal que obliga y compromete a todos los ciudadanos. Por primera vez el derecho no es cosa de abogados o de especialistas, sino que tema de interés, de juicios y decisiones de los ciudadanos. De todos los ciudadanos.

La lógica con que se maneja este asunto es muy irregular. Mientras en otras ramas del derecho, especialmente el Penal, prevalece por temporadas el endurecimiento de las penas para castigar ejemplarmente a los infractores, a fin que los que observen se abstengan de incurrir en conductas antisociales, en lo que se refiere a este asunto dentro del Derecho Constitucional que representa Ramos Soto, algunos diputados del Congreso y varios miembros de la Comisión de la Verdad, lo que buscan es “chinear” al delincuente, creándole condiciones para que se anime nuevamente, a probar en otro intento futuro, lo que no pudo lograr el 28 de junio del 2009. Es decir que es un planteamiento destinado a debilitar a las instituciones democráticas, para animar al “delincuente” a que se enfrente a éstas y que además, pueda modificarlas, transformarlas o destruirlas. Esta irracionalidad jurídica, la disfracen como quieran, no es aceptable para nadie, en vista que el problema del 28 de junio no fue creado por debilidad de instituciones, sino que por la ausencia de una cultura de sumisión a la ley, de respeto a las instituciones democráticas y de rechazo al concepto que el que tiene el poder puede hacer con los ciudadanos y con el sistema, lo que le da la gana. Por manera que Honduras no necesita, en honor a la verdad, de nuevas instituciones. Tenemos las suficientes. Lo que hace falta es una “élite” política que respete las reglas, que obedezca las conveniencias de someterse a la ley, antes que darle gusto al movimiento de sus ombligos. Y el fortalecimiento – no el debilitamiento – de un sistema de medidas, similares a las establecidas por el artículo constitucional 239, que “cercene la mano” de quienes quieran alzarla en contra del sistema.

En consecuencias, antes que debilitar, lo que hay que hacer es fortalecer a la Corte Suprema de Justicia – que nunca es juez y parte como insinúa el poco inocente proponente-- porque nunca ordena a los Jueces subordinados en qué dirección aplicar la ley a los que infringen las normas, preservando la distancia para estudiar y determinar la calidad de la decisión tomada, Mas bien hay que quitar, la manipulación del Congreso y los partidos, preservando y su autonomía para manejarse el Poder Judicial, especialmente en la asignación de los recursos que nunca deben estar al arbitrio – como lo hiciera Zelaya de forma irresponsable – en manos del Ejecutivo. La vulgaridad atribuida al ex gobernante liberal, en el sentido que los diputados y los magistrados no tendrían azúcar siquiera para endulzar las tazas de café de sus reuniones porque a él no le interesaba cumplir la ley, es la que debe ser superada dándole autonomía a la Corte para que maneje sus propios recursos los que se originen no en el Congreso ni en el Ejecutivo, sino en el pueblo hondureño por sus impuestos, sus tasas y sus contribuciones.

Pero la propuesta-- encargo de Ramos Soto, como si fuera el puñal que usara Bruto para matar a Julio César --, lo que pretende es reducir el tamaño de la Corte, destruir a la larga el sistema de escogencia de los mejores para el cargo de Magistrados; y cercenar sus facultades, especialmente la que establece la capacidad de determinar los actos inconstitucionales que produzcan en el sistema jurídico. Por parte de los “delincuentes”, salidos de las “élites” políticas.