GOLPES DE ESTADO

 Juan Ramón Martínez

Roosevelt Hernández

La frase “golpe de estado” es del siglo XX. Antes, lo característico era la revuelta, la revolución; o, el magnicidio. Los anarquistas, defendieron el concepto que el tirano debía matarse, porque era la única manera de eliminar el peligro que representaba. En Honduras, el primer “golpe”, ocurrió en febrero de 1904. Lo ejecutó el presidente Manuel Bonilla, en contra del Congreso. Un auto golpe. Desde entonces, las características del “golpe de estado” han sido: la supresión de la Constitución de la República, la concentración de todos los poderes en el ejecutivo, destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y la disolución del Congreso Nacional. En 1954, se produjo un golpe de estado porque los diputados nacionalistas y reformistas no asistieron a la reunión inicial cómo lo establecía la Constitución de 1936. Julio Lozano, asumió todos los poderes. Gobernó, bajo el título de Jefe del Estado. El 21 de octubre de 1956, los militares, dieron su primer golpe en contra del estado; pero al año siguiente convocaron a una Asamblea Constituyente que redactó y votó la Constitución de 1957, que, entre otras novedades, estableció que la rebelión popular en contra de un gobierno despótico, le correspondía ejecutarla a las Fuerzas Armadas. Además, eligió al Presidente de la República. En 1963 y 1972, las Fuerzas Armadas derribaron a Villeda Morales y Ramón E. Cruz. Desde entonces, lo que ocurrió, fueron – sujetándonos a la definición de golpe de estado— “golpes de barraca”: contra López Arellano (1975), Álvarez Martínez (1984), Walter López Reyes (1986), Cantarero López (1990) y Juan Alberto Melgar Castro (1978).

En el 2009, no ocurrió un “golpe de estado”. La Constitución de 1982 siguió vigente, el sucesor de Manuel Zelaya, cumplió el periodo que faltaba al último presidente liberal, el Congreso votó la suspensión de Zelaya; y, en forma mayoritaria la ratificó, después del llamado Acuerdo de San José; y, los ciudadanos eligieron a Porfirio Lobo Sosa como Presidente de la República. La reelección irregular de JOH, respaldada por la Corte Suprema y con el silencio cómplice del Congreso, constituyó una prueba hasta donde el sistema de derecho resistía las embestidas de la ambición política. La reelección fue negociada, en el Tratado de Cartagena, entre líderes extranjeros y nacionales, que fueron la base del continuismo de JOH. Las Fuerzas Armadas se sometieron al imperio de la ley y no cumplieron la obligación de rebelarse para defender el estado de derecho, la soberanía popular y la continuidad presidencial. La reforma constitucional, suprimiendo la autonomía de las Fuerzas Armadas, sometiéndolas al dominio del Ejecutivo, le quitó a éstas, el ejercicio de una obligación que sólo es posible si se rebelan en contra del alto mando que está constituido por el Presidente de la República y el Secretario de Defensa.

El Estado Mayor Conjunto que nombró JOH, en noviembre de 2021, fue descabezado por Xiomara Castro y Mel Zelaya, para controlar a las Fuerzas Armadas; y, evitar que volvieran a rebelarse, según su discurso, cómo lo hicieran en junio de 2009. Sólo sobrevivió Jorge Fortín que se alineó a los Zelaya, reconociendo que la destitución de éste, había sido un golpe de estado, pidiendo perdón por el error cometido, prometiendo que no habría más golpes de estado. Su sucesor Roosevelt Hernández, se ha sometido servilmente a la dirección de Mel Zelaya, que ahora, después de la develación de un “acuerdo” con los militares venezolanos, han tenido que admitir, por primera vez desde 1935, a un político en actividad, como Secretario de Defensa. En aquella oportunidad. Carías Andino, mantuvo a Juan Manuel Gálvez al frente del ejército; y, en 1948, lo hizo candidato. En febrero de 1949, presidente de la República. 

Ahora, las FFAA han aceptado, dentro de su concepto de subordinación, a una candidata presidencial del PLR, como Secretaria de Defensa, en un espejismo que hace pensar que estamos regresando al tiempo de Carías Andino. Y Rixi Moncada, en tres discursos --con los empresarios de S.P.S. que se prestaron para el acto, con la embajadora Dogu; y con Renato Álvarez--, confirmó que el fin de su nombramiento es evitar un golpe militar contra de Xiomara Castro. Ratificando que los golpes de estado los dan los militares, -- “que no son confiables” --; y que, por ello, hay que controlarlos; y mantenerlos, “a mecate corto”. Y contar con su apoyo para disolver el Congreso, si ello es necesario.