¡DEJEN GOBERNAR AL PRESIDENTE!

Juan Ramón Martínez.

Dentro de veinte años, nadie se acordará de los “ministros” del gobierno de Lobo Sosa. Tal vez la excepción sean los historiadores, profesionalmente acuciosos; o los rencorosos que acumulan cifras y nombres para saborear en frio, el encanto de la venganza, hablando de sus enemigos. Lo que la gente recordará, sin ningún género de duda, es al gobierno de Lobo Sosa, al que le atribuirán las buenas y las malas, pasando por alto el nombre de sus “ministros” que serán borrados de la memoria social. Por ello es que en modelos políticos presidencialistas, como es el nuestro, no existen ministros sino que secretarios de estado que operan como asesores y servidores suyos en áreas específicas en donde se les considera expertos. De allí que sean empleados de su nombramiento personal, pudiendo prescindir de ellos sin ninguna consulta previa con ningún otro poder del Estado, nombrando a las personas que consideren adecuadas. Al fin y al cabo la responsabilidad por los resultados es exclusivamente suya. Será del titular del Ejecutivo del cual hablarán en bien o en mal.

Porfirio Lobo Sosa

Decimos lo anterior porque se ha creado un clima inverso entre nosotros. Los secretarios de estado, elevados artificialmente a la categoría de Ministros, copartícipes del gobierno, se consideran al nivel del gobernante que, debe pedirles permiso para removerlos de los cargos, cómo si estos fuesen de su propiedad. De allí que el molote que se ha organizado alrededor de la salida de Miguel Rodrigo Pastor, no tiene sentido alguno. Y mucho menos razón de ser. Ni por los que se oponen a la competencia del Presidente Lobo para removerlo; y mucho menos por los que han terminado por creer que por la popularidad del defenestrado, este solo podía salir del gobierno cuando le diera las ganas. Ni un minuto antes.

Los políticos, especialmente en los últimos años, han usado los cargos, no para servir, sino que para hacerse visibles y conseguir elevarse a posiciones de elección popular. Algunos tratan de hacer las cosas bien, no para la satisfacción del deber cumplido, sino que para el recibimiento de aplausos y agradecimientos sobre los cuales deslizar avances en la búsqueda del poder. Otros acumulan riqueza en forma silenciosa para financiar la campaña; o para consolarse en caso de no lograr su ansiado sueño de dirigir al país. Todo esto es parte de la crisis moral que vive el país, la ciudadanía y el sistema político.

En el caso de Miguel Rodrigo Pastor, tenemos entendido que Lobo Sosa le dio una ampliación en el cargo hasta el mes de mayo, para que resolviera y ordenara el manejo de fondos fuera del presupuesto; y para que le diera dinamismo a la inversión extranjera que tiene en las obras públicas el campo de colocación de recursos de los grandes prestamistas que tiene el gobierno de Honduras. Aparentemente, el secretario de estado cumplió la primera parte de la tarea, pero no pudo sacar adelante el mejoramiento de la capacidad ejecutiva de los fondos externos. No descartamos que esta debilidad de Miguel Rodrigo Pastor, tenga que ver con la resistencia que, desde el principio, le han presentado los que se oponen a aceptar que una persona que no es ingeniero los dirija; y que lo haga sin la habilidad que lo hizo el secretario de Estado de esa cartera en tiempos de Zelaya y Micheletti; y de cuyo nombre nos hemos olvidado al momento de escribir esta columna. Las declaraciones de su sucesor, el Ing. Gamez – torpes e innecesarias – dan la impresión que el factor que más influyó en la destitución de Miguel Rodrigo Pastor, ha sido la continua insatisfacción de las entidades financieras por su escaso nivel de ejecución y la reducida velocidad de los desembolsos.

Si las cosas son así, es un poco difícil encontrar señales de política partidaria, en donde no hay sino valoración por escasos resultados. Con la que la cesación de Pastor Mejía, termina pareciéndose con lo que le ocurriera al secretario de Estado de Seguridad que por más que hablaba y trabajaba para el público, no producía resultados, sino que acumulaba atrasos y deficiencias.

Por supuesto, aquí – en la medida en que todo se ha politizado – pasamos por alto que cada funcionario está en la obligación de dar resultados a quien le ha nombrado esperando que se rompa el pecho, en el cumplimiento de sus deberes.