UN APLAZADO JUSTIFICADO

Juan Ramón Martínez.

La Secretaría de Planificación le ha otorgada bajas calificaciones a la mayoría de los ministerios e instituciones descentralizadas del gobierno. Y la razón es que la mayoría de ellos, no ha tenido presente ni el Plan de Nación; y mucho menos la Visión de País. En vez de seguir las metas allí establecidas, se han dedicado a hacer espectáculos, engañando a la gente; y descuidando la canalización de los recursos en dirección las metas que no son capricho de nadie, sino que ley. En este desenfoque entre lo que manda ésta y lo que hacen los funcionarios, es donde se encuentran los negativos resultados que comentamos; y que ejemplifican, la falta de voluntad de los Secretarios de Estado para seguir los dictados y los lineamientos del Plan de Nación que no es un capricho del Presidente Lobo; ni mucho menos de Julio Raudales titular de la secretaria de Planificación, sino que un imperativo ordenado por una Ley de la República.

Si esto fuera un concurso escolar, lo único a que estaríamos obligados es a reírnos y burlarnos de los aplazados. Pero se trata de una cuestión de estado, centrada en la finalidad de mejorar la calidad de los servicios públicos, ineficientes casi todos, aunque algunos de ellos evidencian sus falencias en forma más visible por parte de la ciudadanía como es el caso de la educación que se le da a los pobres especialmente, los servicios de salud y la atención que se le proporciona a los niños en calidad de abandono. En estos tres sectores, los servicios son deficientes, de forma que las bajas calificaciones atribuidas a los titulares de las instituciones responsables, confirman que el público continuará recibiendo como en el pasado, servicios deficientes que no satisfacen sus necesidades básicas y sus urgencias personales.

El sistema público, que para facilidades de este artículo llamaremos oferta, está afectado de un evidente distanciamiento teórico de la obligación filosófica que el Estado tiene de darle satisfacción a la demanda – conjunto de necesidades que los ciudadanos no pueden resolver por ellos solos y para lo cual requieren de los servicios públicos – por el hecho que los funcionarios públicos no ven en los demandantes, personas humanas urgidas que les cumplan sus derechos, sino que simples números estadísticos. Y en el mejor de los casos, votos electorales con los cuales asegurar su carrera política. Pero también hay la pérdida de un concepto básico: el gobierno no es el dueño del poder, sino que la fuente principal del servicio. Tanto por las urgencias que se ven con solo volver los ojos hacia cualquier conglomerado humano, como por el concepto que su surgimiento, solo tiene justificación cuando se coloca al servicio de la población y le da satisfacción a las situaciones que, cómo dijimos antes, la población no puede resolver por ella misma. Esta ignorancia por parte de los altos funcionarios públicos, por los medianos e incluso por los barrenderos municipales y los policías locales, tiene ver también con el menosprecio que se le dispensa al pueblo, al que por efecto de una visión equivocada, se le ha colocado en la condición de menesteroso que debe contentarse con lo que le den los prepotentes funcionarios públicos.

Pero además, hay otro problema en estos resultados que lamentamos, más por el pueblo que por los aplazados que reciben lo suyo. Y es la falta de liderazgo en el Gabinete Presidencial. Las reuniones tumultuosas, trasmitidas por la televisión, señalan que el Plan de Nación no es el instrumento orientador de las intervenciones de los asistentes. El Ministro del Interior, que por momentos no haya que hacer más que mostrarse en las fotos de toma de posesión de los funcionarios que levantan la mano como si este fuese un régimen fascista, debería ser el líder de este esfuerzo, de forma que respaldado por la Secretaría de Planificación, pudiera colocar en el pensamiento y en el vocabulario de todos, los lineamientos, los objetivos y la metas de este ambicioso programa destinado a darle solución al atraso de Honduras. De esta forma, oiríamos con frecuencia, en los discursos de los funcionarios los conceptos básicos del Plan de Nación y la Visión de País, que tiene como consideraciones filosóficas básicas que el gobierno es gerente del bien común, que los servicios públicos no son favores; y que la oferta de servicios debe integrarse con las necesidades y las calificaciones de los usuarios, que son los dueños de Honduras y de todas las cosas que vemos.