DE CONTROLES Y LIMITACIONES

Juan Ramón Martínez.

Lo más importante de la vida social organizada, es la capacidad de los individuos para someterse al imperio de la ley, cumpliendo las reglas que hacen posible la normal convivencia. Es el triunfo del nosotros, sobre el “yo”, indómito, indócil y algunas veces irracional. Y el surgimiento de la seguridad que nadie, sabiendo que se incurre en delito, se apropiara de los bienes ajenos, le inferirá daños a la existencia de los otros; o le quitará la vida. El sistema social, que protege a las personas, cuando se irrespeta la ley, inicia el proceso de sanciones y castigos.

Esta es la lógica de la vida civilizada moderna occidental. Y del sistema democrático,-- considerado hasta ahora el más perfecto y seguro para la vida civilizada – que se basa en el sometimiento de todos sin excepción al cumplimiento de la ley, la limitación de quienes tienen algún tipo de poder, la división de los tres poderes del estado de forma que ninguno estará por encima de los otros; y que mas bien se controlan, se frenan y se evalúan, los unos a los otros. Como efecto de todos, los estudiosos de la vida social, concluyen que la conciliación entre las pretensiones individuales y las obligaciones de la vida colectiva, es lo que determina el ajuste normal a la vida social.

De esta forma, es fácil afirmar que el eje de la vida social y política es la limitación y el control. Las autoridades que elegimos en los procesos electorales, no tienen poderes ilimitados, sus responsabilidades están establecidas por la ley; y su seguridad en el cargo, se determina por el ajuste de sus comportamientos y acciones al sometimiento a la ley. Por el contrario, quienes se exceden en sus acciones egoístas y hacen lo que le da la gana, pasando por alto los imperativos de la ley, se exponen a los castigos correspondientes. Cómo le ocurriera a Zelaya en el 2009. Estableciendo un ejemplo que todavía un sector no asimila, porque hay una falla de percepción que hay que superar: la idea que los elegidos son superiores a los electores, en razón de lo cual pueden incluso violar la ley.

Estas reflexiones tienen mucho que ver con el clima que estamos viviendo en lo referido al rechazo por parte de algunos dirigentes estatales, del control social y político, la superioridad de la ley y la obligación de someterse a la voluntad y decisiones de los jueces. El reclamo del Presidente Lobo Sosa, en el sentido que encima de los jueces no está nadie, no tiene sentido. Es un regreso a la selva, una ruptura con la civilización y un rechazo frontal al sistema democrático. Porque solo los jueces están por encima de los diputados, de los titulares del Ejecutivo y de cualquiera autoridad por más superior que se imagine. Carías Andino, en un momento de la llamada guerra del 24 del siglo pasado, recurrió a un juez para que le permitiera ante su autoridad, jurar el cargo de Presidente que sus cifras electorales indicaban que había ganado por decisión de la voluntad popular.

El concepto que siempre debe haber alguien encima para controlar el de abajo, es muy burocrática y mecánica. Y poco democrática. Por ejemplo, el titular del Ejecutivo no está por encima del Poder Legislativo, del poder municipal y mucho menos de los ciudadanos. Es decir que en la práctica, no está encima de nadie, sino que sometido a la voluntad popular. En términos de poderes, no está por encima de los jueces, porque ello sería una contradicción porque le daría un poder que es contradictorio con la limitación que es esencial para la práctica democrática. De la misma manera, es un absurdo imaginar que encima de los jueces pueda estar otra autoridad, porque entonces los derechos y la justicia se colocan en manos de esta nueva autoridad que en ningún momento la doctrina democrática considera siquiera. En el pasado, se colocaba a Dios. Ahora, encima de los jueces y magistrados solo está la ley, que representa la voluntad de todos.

Lo que debemos controlar es al Ejecutivo y al Legislativo, que en la práctica, -- con la excepción de la declaración de inconstitucional por la Corte y el veto del Ejecutivo con respecto al Congreso – actúan en forma descontrolada. El Tribunal Superior de Cuentas, no evalúa, no investiga; ni mucho menos cuestiona la labor del Congreso, la forma que usa los fondos; ni al Ejecutivo, especialmente a la Casa Presidencial que no le da cuentas a nadie, siquiera. Este es el control que interesa, no quien domina a los jueces que son la clave de la vida democrática.