VERGÜENZA E INDIGNACION

Juan Ramón Martínez.

Estamos, como la mayoría de los hondureños, avergonzados por lo que ha ocurrido en Comayagua – que perfectamente pudo haberse evitado – y apenados por la escasa calidad y falta de profesionalidad de los funcionarios penitenciarios que tenemos y su incompetencia para aplicar protocolos ad hoc, en situaciones irregulares como las que se produjeron en la granja penal de aquella ciudad. Sin embargo, no estamos sorprendidos por los hechos dolorosos allí ocurridos. Estos problemas se vienen anticipando, desde que el gobierno de Ricardo Maduro, en forma irresponsable – animado por motivaciones políticas evidentemente – modifico el Código Penal; y llevándose de encuentro las garantías del mismo, convirtió en delito comportamientos que, en vez de darles un tratamiento diferente, condenó a la cárcel a los jóvenes involucrados en pandilla en forma general . De esta forma, en la administración de Maduro, sobre cuyas espaldas corre la responsabilidad por lo ocurrido en los incidentes de la Granja Penal de La Ceiba y el incendio del Penal de San Pedro Sula, se incrementó bruscamente la población penal, no se modificaron los protocolos de vigilancia carcelaria; y tampoco se aumentó como correspondía, los espacios para atender a los nuevos reclusos.

Solo los más ingenuos e inocentes se pueden sorprender de lo ocurrido en Comayagua. Los negligentes saben que los Centros Penales de Honduras, constituyen como los ha llamado Danilo Orellana, verdaderas bombas de tiempo, llamadas a explotar inmediatamente que se produzca el primer incidente, por reducido que parezca por su tamaño e influencia potencial. El país, el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía, no han mostrado mayor sensibilidad ante el tema. En San Pedro Sula, pese a los esfuerzos de Monseñor Emiliani, no se avanza en la Construcción de un nuevo Centro Penal. Los argumentos son de variada índole; pero en el fondo, lo que hay es una infravaloración de la vida, un menosprecio a los privados de libertad, un rechazo hacia los pobres y una suerte de venganza disimulada hacia quienes han incurrido en delitos individuales, en contra de personas casi siempre inocentes o responsables por haber provocado el encono, la enemistad a sus victimarios. Es decir que aunque la población penitenciaria sigue creciendo, los espacios dedicados a cada una de las personas privadas de libertad, se reducen en forma ostensible. Y muy pocos se preocupan del asunto.

El hacimiento penitenciario es visible en casi todas las principales prisiones del país. La falta de capacidad del sistema para especializarse, para diferenciar a los condenados de los indiciados sin proceso, la mezcla de los delincuentes con alto cartel junto a personas que delinquen por primera vez; e incurriendo en delitos de menor cuantía, es una clara indicación que el país carece de una política penitenciaria confiable, aplicable y adecuada para nuestras realidades. El interior de los penales, se han constituido desde hace muchos años en escenarios para la ejecución del comercio, la circulación de la droga, el ejercicio de la prostitución y la comisión de nuevos delitos por personas que creen que sus vidas son mejores, si continúan detenidas para lo cual entonces, deben incurrir en nuevas faltas como forma de continuar prisioneros. La corrupción en el interior de los penales, la circulación del dinero mal obtenido y el enriquecimiento ilícito que se produce por medio de una alianza de presos dominantes y con poder sobre sus “compañeros” y funcionarios policiales con influencia, nos permite concluir que las prisiones exhiben en pequeño, todos los defectos de la sociedad hondureña, especialmente aquellos que están llamados potencialmente a destruir a Honduras.

Los miembros del Sistema Penitenciario, responsables de los presidiarios y encargados que las instituciones cumplan con sus deberes en la rehabilitación de los culpables, son muy deficientes por su falta de profesionalismo. Sin capacidad y competencia, en Comayagua especialmente, no pudieron reaccionar frente al incendio, impidiendo el acceso de las unidades bomberiles que pudieron disminuir el número de muertos que con razón escandalizan a la comunidad internacional y avergüenzan a los hondureños. Esto no puede continuar. Hay que rectificar inmediatamente. De lo contrario, terminaremos destruyendo a Honduras como está ocurriendo. Estos muertos pesan mucho. Mucho más que lo que creemos.