TODOS DEBEN SER INVESTIGADOS

Juan Ramón Martínez.

Poco a poco, nos hemos ido dando cuenta los hondureños que los problemas de la Policía – burocratización, poco interés por darnos resultados, comisión de delitos, cobros indebidos y complicidad con el crimen organizado – tienen que ver con todo el sistema de justicia. Dentro de poco, concluiremos reconociendo que las dificultades que exhibe el sistema de justicia, tienen que ver con los valores irregulares que maneja la sociedad hondureña. que no quiere aceptar la verdad, cumplir con la ley y exigir que quienes gobiernen sean los mejores; y, por supuesto, los más honrados de los más honrados. 

La ley emitida por el Congreso Nacional, sienta por primera vez en el banquillo de los acusados a los ejecutores del sistema judicial, sin excepción alguna. Aunque por momentos se experimenta el sentimiento que éste es un golpe técnico del Congreso Nacional, que tendrá tomados por el cuello a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia, mientras evita que sus miembros sean investigados como debería ser, la verdad es que algo se tiene que decidir para frenar el sentimiento generalizado que aquí en Honduras, cualquiera cosa se puede hacer y no pasa nada. Porque no solo priva la ineficiencia, sino que se impone maldad y la perversidad. La construcción de casos en contra de los enemigos – como lo señala con nombres y apellidos Billy Joya en su libro “Así me acusaron” – la declaración de no imputado para los que tienen capacidad de pagar o tienen cuello suficiente para mover todas las teclas del gran poder nacional; y la deliberada lentitud en casos como el soborno de Latin Node, le hace pensar incluso a los indiferentes, que estamos en manos de un grupo de perversos que quieren destruir la confianza en el servicio público, el respeto por los fiscales y los jueces y magistrado, así como la más mínima consideración y respeto a la Policía. 

Pese a mi formación jurídica, no incurro en la falla de la mayoría de los latinoamericanos que creen que los problemas se resuelven con una ley emitida en el Congreso Nacional. Porque el problema fundamental que enfrentamos es que no contamos con instituciones y personas que tengan interés en corregir los problemas, lanzando mensajes claros a los delincuentes que aquí, el que incurra en delitos tendrá que cumplir las penas que corresponden. Cómo dicen muchos, no hay voluntad política de aplicar la ley. Y aunque los delitos están muy claros, cómo es el caso de abuso con los fondos que estaban destinados a la lucha en contra de la pobreza, aquí se invocan razones extrajurídicas para evitar que los responsables conozcan por fuera siquiera las prisiones. La sociedad acepta, en un silencio inexplicable, que se conviertan en políticos, delitos que en cualquier parte del mundo, sus ejecutores y cómplices, estarían en la cárcel. 

Aquí, en cambio no hay ladrones; ni siquiera sospechosos. De repente esa legislación emitida por el Congreso – posiblemente – se convertirá en papel mojado. Los implicados inventarán cifras, mostrarán que los bienes que tienen se los ganaron en rifas. O mediante el sistema de llamadas telefónicas en las encuestan de opinión. Que sus esposas son ricas de nacimiento y que sus suegros, que les quieren tanto, les trasladaron las casas en las Lomas, las haciendas ganaderas en Olancho y Choluteca, los aserríos en Yoro y los cañales en la Costa Norte. Y la sociedad que no quiere problemas, que acepta todo, se perderá la oportunidad de sancionar a un corrupto, llamándolos por su nombre, quitándole los bienes robados – a sus compinches, esposas o hijos naturales o reconocidos – y consignándolos a las cárceles comunes, a donde se les debe tratar como se trata a todos los demás presos. Como delincuentes que son. 

La ciudadanía no ha querido, entender que los ladrones, los criminales y los vendedores de favores gubernamentales le hacen daño al país, a la sociedad y al gobierno. Que esos daños, se traducen en reducción de la inversión, en los costos de los préstamos que recibimos, en el desempleo y en la pobreza de las mayorías. Siguen mas bien, creyendo que el gobierno es propiedad de unos “blanquitos” de cuello almidonado; y que aquel, no solo “cultiva el dinero” y lo cosecha en carretadas, por lo que pueden hacer lo que le dé la gana: invertirlo en obras, llevárselo para su casa o regalárselo a sus mujeres, familiares o amigos.