¿TODO ESTÁ PODRIDO?

Juan Ramón Martínez.

[caption id="attachment_501" align="alignright" width="300" caption="Juan Orlando Hernández, Presidente del Congreso Nacional de Honduras."][/caption]

Lo ocurrido en la última sesión del Congreso, aquella en la que se aprobó un decreto de emergencia para darle energía eléctrica a algunas regiones del país, tiene mucho parecido con los problemas de la Policía. En primer lugar hay mucho de misterioso. Evidentes conflictos de intereses. Beneficios obscuros. Y clara desobediencia entre los elegidos para servir y los electores. El policía se ha creído que está por encima de la ley, que puede hacer cualquiera cosa y que nada le pasará, es similar al diputado que vota porque otra persona se lo ordena – ignoramos cómo es que funciona la trama – sin tener en cuenta la protección del interés nacional. El policía que protege sus propios intereses y que en consecuencia usa la Policía para esconder la operación de sus empresas económicas y aprovechar la institución para doblegar a la competencia y aumentar sus ganancias, actúa de la misma manera que el Diputado que sí sabe qué capital maneja, cuáles empresas tiene, cuántas se aprovechan de los dineros públicos y con quienes comparte las utilidades. Y, en fin, ambos actúan en la discreta oscuridad: Nadie sabe quiénes son, qué hacen y a quiénes afectan. En este caso, lo único que hace falta son los crímenes – que se sospechan tanto en un sector como en el otro – y por supuesto, los cadáveres correspondientes.

En consecuencia, hay que actuar en forma pronta y enérgica en intervenir tanto a la Policía como al Congreso Nacional. Nosotros anticipamos el problema porque el incordio de la Policía, solo es la expresión de la enfermedad general del cuerpo social hondureño. De forma que donde se toque, saltará la pus. Por lo que no es cosa de sacrificar instituciones más o menos recuperadas de los daños que afectan a toda la sociedad. Ni mucho menos dañar la imagen y la credibilidad de las personalidades cuando nos toque intervenir al Congreso, al Poder Ejecutivo, la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto sin excluir las organizaciones representativas de la empresa privada, las dirigencias sindicales e incluso muchas de las organizaciones cívicas que de vez en cuando, levantan polvo al usar los problemas nacionales para obtener recursos de los cuales, por respeto elemental, nos debían dar cuenta. Para saber a quién sirven; y si no hay, cómo es obvio en casi todas las relaciones que se dan en el interior de la sociedad, evidentes y vergonzosos conflictos de intereses.

Lo ocurrido en el Congreso debe obligar nuestra atención. No es cosa de echarle un poco de polvo y cubrir las suciedades. Es necesario corregir el desempeño de los diputados suplentes, una antigualla jurídica que hay que corregir de inmediato. Para volver transparente la forma cómo el Presidente del Congreso logra el quórum y consigue los votos necesarios para aprobar contratos tan poco trasparentes como éste de la energía eléctrica, votado en una forma que llama la atención por la manipulación mediática a la cual se le sometió. Finalmente, se deben hacer dos cosas: una, saber quiénes son los votantes, cuáles intereses tienen; y la otra, conocer el contenido y los efectos de un contrato que muy poca gente entiende en sus resultados, en sus alcances y en los beneficios que generará a algunas personas que votaron en el Congreso.

Lo único que falta son los muertos. Pero de repente el daño, en el largo plazo, será mayor. No solo en términos de dinero, sino que en cuanto se refiere a la confianza ciudadana, la ratificación que las autoridades y los líderes políticos no trabajan en nuestro beneficio; y que en consecuencia no están interesadas en nuestra seguridad; ni mucho menos en los muertos que en forma indirecta provocara este nuevo muestrario de la enfermedad que afecta a Honduras.