TENDENDENCIAS HACIA EL AUTORITARISMO

Juan Ramón Martínez.

[caption id="attachment_135" align="alignright" width="193" caption="Juan Orlando Hernández"][/caption]

La pretensión del Congreso Nacional por intervenir en todo, desde las tortillas hasta la operación de los demás poderes del estado, entraña un proyecto totalitario. Que se llevara de encuentro el modelo democrático y nos impondrá, sin ninguna duda, un gobierno autoritario en donde el poder estará concentrado en pocas manos. Y en el que la duración del período de gobierno, estará en manos de la voluntad omnímoda del gobernante personal. El comportamiento de Juan Orlando Hernández, es el típico comportamiento del hombre suave, humilde educado y competente que, sabiendo lo que quiere, avanza sigilosamente en forma inicial, para después abrirse paso, aprovechándose de las circunstancias.

El proyecto autoritario tiene larga data, En el pasado reciente, fue notorio en Roberto Suazo Córdova, en Carlos Roberto Reina y en José Manuel Zelaya Rosales. Cada uno de ellos pretendió en su momento, destruir la división de los tres poderes del estado democrático, imponer uno sobre los otros; y establecer a su capricho, el límite del período presidencial. Con lo que se llevaron de encuentro la segunda característica del modelo democrático: La limitación de los poderes de los gobernantes, por medio de la fijación del tiempo inexorable al frente de sus responsabilidades.

En el presente, el impulso autoritario es más evidente en el Congreso Nacional. Este Poder del Estado, basado en una consideración elemental simple – que el que nombra puede destituir – busca imponerle su voluntad al Ejecutivo, por medio de una subordinación perruna extraordinaria que ha terminado por confundir al propio Presidente Lobo Sosa. Y acosar a la Corte Suprema de Justicia, en un proceso deleznable que ha pasado de la destitución de algunos magistrados – pasando por alto la voluntad popular, el respeto a la ley y los deseos de la ciudadanía – para imponer amigos, subordinados y sirvientes que les permitan otra vez, colocar la Justicia en el interior del comercio político, caracterizado por el intercambio de favores. Las circunstancias, especialmente la existencia en el interior de la sociedad civil, del sentimiento que la pérdida del sistema democrático facilitará la imposición de un modelo comunista y socialista respaldado por Chávez de Venezuela y Ortega de Nicaragua, les ha impedido a las manadas autoritarias que se han crecido alimentadas por las leches del Partido Nacional, imponer una dictadura, Rigoberto Chang Castillo, un honesto y humilde ciudadano, ejemplar profesor de derecho, ha dicho – en una arrogancia que no le viene bien a su personalidad – que no han destruido la Democracia porque no han querido.

Al margen de si es cierto el extremo anterior, que tiene mucho de pretensión y de abuso del obligado respeto a los oyentes, hay que reconocer que el Congreso, como ningún otro, ha dañado el sistema democrático, impulsando reformas autoritarias que tienen como finalidad la destrucción del estado de derecho y la forja de una dictadura que al final, sin darnos cuenta, terminaremos dominados por la red sutil de transformaciones y controles establecidos por estos jóvenes abogados, suaves políticos, educados comunicadores y simpáticos ciudadanos.

El Ejecutivo vía el abrazo, lo tienen ya bajo su control. Lobo Sosa por su propia voluntad – y de repente empujado por la estrategia que se desarrolla desde el hemiciclo – ha terminado dependiendo del Congreso que, bajo la apariencia de estar a su servicio, se ha tornado tan necesario que el Ejecutivo no actúa sino cuenta con las órdenes respectivas. Sin disparar un tiro, sin sacar a nadie a gritar a la calle, JOH ha logrado hacerse con el Poder Ejecutivo. La idea de co-gobierno, que ha sido divulgada desde el Congreso mismo, confirma lo que decimos.

Con respecto a la Corte, el asedio ha sido permanente. Después del intento de destituir Magistrados, han continuado una leve pero efectiva campaña de desprestigio en contra del Poder Judicial. La imposición, desde afuera del Consejo de la Judicatura y la intención de crear un Tribunal Constitucional que le quite a la Corte la capacidad de determinar cuáles acciones del Congreso son inconstitucionales, confirma más que nadie, el proyecto autoritario de estos jóvenes peligros que conspiran contra el estado de derecho desde el Congreso Nacional.