REINCIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL

Juan Ramón Martínez.

Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, el manejo de los asuntos del estado, mostraba muchas dificultades. Ciertos aires populistas, hacían creer que se debía abandonar la política económica y comprometer las finanzas públicas en un dispendio sin control alguno. O en otros momentos, se tomaban decisiones que enfrentaban, de forma clara y definitiva a la voluntad popular. En estas circunstancias entonces, afortunadamente, el Congreso Nacional que no estaba al servicio del titular del Ejecutivo, ejercía su papel de contrapeso – tal como lo señala la doctrina democrática – y balanceaba las cosas. De forma que el pueblo confiaba en el sistema democrático, porque sentía que en el Congreso Nacional sus miembros defendían los intereses populares, afectados por el Ejecutivo. 

Ahora, cómo lo hemos dicho en otro artículo, el Congreso está integrado por diputados que son más incondicionales del Presidente Lobo Sosa que obedientes del electorado que los votó en las elecciones de noviembre del 2009. Por ello, en vez de ayudar al titular del Ejecutivo, para que no caiga en la desesperación financiera y se embroque por veredas que lo llevarán al rechazo popular, mas bien le niega a Lobo su capacidad creativa y su habilidad para buscar soluciones equilibradas que logren los resultados que busca el Ejecutivo sin comprometer sus relaciones con la ciudadanía. Yani Rosenthal, en un educado mensaje que nos enviara en la oportunidad del artículo anterior en donde censuramos la nueva tasa aeroportuaria, nos decía que los diputados liberales se habían opuesto a la propuesta nacionalista. Le replicamos que el problema es que en el Congreso no hay discusión pública, porque se ha enajenado la deliberación individual de los diputados. Y por mala costumbre o por debilidad, el diputado independientemente no tiene la oportunidad de expresarse en un Congreso en donde la mayoría ha terminado por sepultar a las minorías, irrespetando de esta manera la tesis fundamental en que se sostiene el sistema democrático. 

De repente, leyendo las explicaciones de JOH y del sorprendido e inocente legislador liberal Víctor Sabillón, los diputados en un mal entendido sobre sus responsabilidades, han caído en la trampa de creer que los acuerdos del Ejecutivo no pueden ser estudiados y, mucho menos reformados. Tal apreciación, estrecha y apretada, pasa por alto que aprobar implica también modificar y cambiar. Y que si el Ejecutivo no está de acuerdo con lo acordado por el Congreso tiene la oportunidad del ejercicio del veto y de la negociación. La creencia que deben aprobar todo lo que manda el Ejecutivo, pone en mal predicado a los diputados y le niega al titular de la Presidencia de la República, la oportunidad del cuestionamiento oportuno y la reflexión serena sobre lo que hace. 

La medida aprobada, consistente en una adicional suma para financiar la seguridad que ya cuenta con la tasa correspondiente, es un error político que la ciudadanía rechazará; y que el Partido Nacional y el Partido Liberal tendrán que pagar inevitablemente, especialmente si no se procede a efectuar las rectificaciones honorables que correspondan. Y la principal es que hay que evitar gastos adicionales, con empresas extranjeras de intermediarias, porque ello hace pensar que fuera de lo público hay un interés privado que nadie conoce hasta donde compromete el interés de la ciudadanía. 

Hasta ahora, hemos vivido sin los servicios de una compañía extranjera, a la que se le ha dado un contrato sin licitación, para que efectúe una tarea que no habíamos tenido en nuestros aeropuertos. Los recursos que dispone la ciudadanía no están para dispendios. Ni mucho menos el prestigio del gobierno y la imagen del Presidente Lobo Sosa, deben servir como trapeadores. O para proteger negocios subalternos que en este caso, tienen todos los olores de lo indebido e inconveniente. 

Lo correcto es rechazar, de una sola vez el Contrato del Ejecutivo con una empresa llamada a cumplir una tarea que la ciudadanía no tiene por qué financiar. Por su parte, Lobo Sosa, debe investigar a su Ministro del Interior porque sin sensibilidad y prudencia, firma contratos irrespetando las reglas jurídicas; y sin tomar en cuenta la sensibilidad popular, que no está para estos juegos y engaños.