TRATADO DE EXTRADICIÓN

Juan Ramón Martínez.

En la medida en que el Estado hondureño ha tomado conciencia de sus debilidades, recurre a la cooperación internacional. Al fin y al cabo Honduras no es una isla; ni vivimos aislados de lo que ocurre en el mundo. Mas bien, todo lo que ocurre fuera, nos afecta, de la misma manera cómo lo que hacemos; o dejamos de hacer, influye en el mundo. Y esto es mucho más visible cuando la delincuencia organizada especialmente, pierde el control y se regocija con la impotencia que exhiben las autoridades para perseguir los delitos, enjuiciar a los responsables y encarcelar a los condenados por los Tribunales de Justicia. En los últimos cuatro años, es obvio que el estado hondureño no las puede en contra de la violencia. Y que mas bien, ha llegado el momento de buscar el auxilio y la cooperación internacional. 

Lo que nos ha ocurrido a nosotros como sociedad y como gobierno, especialmente lo referido al desborde de la violencia y la impotencia al momento de responderle, no es nueva. Ya había ocurrido en el pasado. Por ello es que Honduras tuvo que suscribir tratados de extradición con varios países. En algunos casos más por interés de los terceros países que nos los proponían, en el mismo sentido en que ahora, es la realidad que vivimos la que nos impulsa a suscribirlos. 

[caption id="" align="alignright" width="353" caption="Manuel Bonilla. Presidente de Honduras (1903-1907)."][/caption]

En 1909, a iniciativa de Estados Unidos, Honduras suscribió con el país del norte un tratado de extradición que por el conflicto militar entre Manuel Bonilla y el gobierno de Miguel R. Dávila que había perdido el respaldo del gobierno de José Santos Zelaya que había sido destituido en Nicaragua, fue publicado en La Gaceta, hasta en el mes de diciembre de 1912. En aquel tratado, vigente para los efectos que se habían previsto, se establecieron los delitos y se mencionaron los procedimientos para su aplicabilidad. Tenía, cómo el que se emite en 1927, mientras gobernaba Paz Baraona una limitación: la imposibilidad de entregarle al otro gobierno suscribiente, a los nacionales. Tal limitación volvió en la práctica inaplicable este tratado para los fines que sus suscriptores andaban buscando. 

Ahora, se ha ido mucho más allá. Se ha reformado la Constitución de la República y se ha eliminado el freno establecido para que el gobierno, frente a la comisión de ciertos delitos: narcotráfico, blanqueo de dinero, trata de blancas, terrorismo etc., el gobierno de Honduras pueda entregar a un sospechoso a los Estados Unidos, a petición de sus autoridades que consideren que ha cometido delitos en contra de la humanidad o de sus intereses, para enjuiciarlo, condenarlo y encarcelarlo. 

Cómo se puede apreciar, esta es una medida dura, a la que el gobierno de Honduras se ha visto obligado por las circunstancias que vive el istmo Centroamericano y, especialmente por la circunstancia que Honduras es el único país en la región que no tiene un instrumento que permita la extradicción de los delincuentes capturados en flagrancia continuada. En caso contrario, lo que ocurriría es que Honduras se convertiría en un santuario, porque en Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua opera una medida que obligaría a que los amenazados en aquellos países, convertirían a nuestro país en un santuario de intocables, a los cuales las autoridades nuestras no podrían dominar y controlar. 

En la medida en que los delitos crecen y la presión que se hace desde México hasta Guatemala en contra de la delincuencia organizada, común o de carácter extraordinario aumenta por parte de las autoridades de aquellos países, la presencia de sus miembros aumenta en nuestro país. Lo que hace totalmente natural y lógico que las autoridades de los estados involucrados, busquen acuerdos para tratar tal fenómeno. Guatemala, con un nuevo gobierno que ha anunciado “mano dura” en contra de la delincuencia, creará una oleada marginal de delincuentes que buscarán a volcarse sobre Honduras para protegerse. De la misma manera, los delincuentes hondureños – que los hay desafortunadamente para ellos y para el resto de sus compatriotas – aumentarán su presencia en el delito, sabedores que el Estado, basado en una obligación constitucional, les protegerá. Aparentemente esta falsa reciprocidad con quienes no honran la dignidad de Honduras, no continuará operando. Duro, pero así son las cosas.

Fotografía: Por Harris & Ewing

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