CONVENIO POLÍTICO ENTRE EL PARTIDO NACIONAL Y EL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS
Jorge Bueso Arias, candidato del PL
Después de las exhaustivas y cordiales pláticas sostenidas ante el señor Presidente de la República, pláticas que pusieron en evidencia nuestro común anhelo de encontrar fórmulas salvadoras para resolver en un ambiente de unidad y concordia nacionales los difíciles problemas que plantea al pueblo hondureño la sucesión presidencial, hemos elaborado de manera conjunta, el presente Convenio:
Comenzamos por felicitar sin reservas el espíritu de elevado patriotismo que anima la propuesta para la formalización de un PLAN POLÍTICO DE UNIDAD NACIONAL, que con fecha 8 de diciembre de 1970 fue presentado a ambos Partidos por el Excelentísimo Presidente de la República Gral. Oswaldo López Arrellano y los señores Representantes del Consejo de la Empresa Privada y de la Confederación de Trabajadores de Honduras. Las consideraciones vertidas en ese trascendental documento, así como las iniciativas que presenta para la estructuración de un gobierno de verdadera y genuina integración nacional, responden cabalmente a las aspiraciones manifestadas de modo reiterado y sistemático por nuestros respectivos Institutos Políticos, que se han fijado como meta suprema de su quehacer ideológico la conciliación de la familia hondureña bajo una égida de firme institucionalización democrática. Durante el curso de las aludidas deliberaciones se pudo profundizar aún más sobre la gravedad de la situación hondureña con relación a los restantes países centroamericanos. Situación ésta que exige la compactación de todas nuestras fuerzas para la defensa colectiva de nuestros intereses vitales. Asimismo, se llegó al convencimiento de que, para lograr una óptima plataforma de lucha en los frentes interno y externo de nuestro desarrollo integral, se requiere fundamentalmente un acendrado amor a Honduras, una buena fe inconmovible en todas nuestras actuaciones y el mantenimiento de los acuerdos dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Las razones que se invocan en el Plan Político de Unidad Nacional como justificación del mismo, las hemos encontrado ajustadas a la realidad que vive el país en los órdenes económico, social, cultural y político. Y ellas han venido a confirmar lo que ha sido preocupación constante de las agrupaciones políticas del país. En tal sentido los Delegados del Partido Nacional y del Partido Liberal, con plena autorización de las organizaciones políticas que representan, han convenido de manera formal en aceptar y llevar a la práctica el establecimiento de un GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL, cimentado en los acuerdos bilaterales que se enumeran a continuación:
PLAN DE UNIDAD NACIONAL.
1. Ambos Partidos Políticos se comprometen a dar estricto cumplimiento al Artículo 4° de nuestra Carta Magna, el cual queda incorporado como norma orientadora invariable de este convenio. Comprometiéndose los dos Institutos Políticos a establecer de común acuerdo la reglamentación de los principios constitucionales en él expresados.
2. Cada Partido signatario del presente Pacto tendrá derecho a inscribir treinta y dos candidatos a diputados propietarios y treinta y dos candidatos a diputados suplentes, en fórmula única. Y se comprometen a escoger sus candidatos sobre bases de capacidad y garantía de trabajo honesto, además de provenir de sectores que impriman a la Cámara Legislativa la mayor representatividad posible. La Directiva del Soberano Congreso Nacional estaría integrada en forma proporcional por representantes de ambos Partidos, pero la Presidencia de la misma corresponderá al mismo Partido del Presidente de la República.
3. Las elecciones de autoridades municipales se efectuarán sin compromiso partidista especial, pero enmarcadas dentro de los preceptos de las leyes respectivos.
4. El Gabinete de Gobierno y los Ejecutivos de los Organismos Autónomos y Semi-autónomos del Estado, serán escogidos por el Presidente de la República entre los ciudadanos más capacitados y honestos del país, tomando en cuenta las propuestas que al efecto le formulen los partidos y procurando dar una participación a todos, que guarde la armonía y sea proporcional a la representatividad de cada uno, a efecto de que la dirección de los asuntos nacionales se confíe a los ciudadanos más idóneos para el desempeño de tan altas funciones, relegando a segundo plano cualquier ambición personal o conveniencia unilateral de grupos determinados; entendiéndose que en el caso de los Organismos Autónomos, el Presidente de la República sólo hará los nombramientos cuando la ley lo faculte para ello. Se excluye de esta parte del Convenio todo lo relativo a la Universidad Nacional Autónoma, a las Fuerzas Armadas y su Jefatura.
5. Los Partidos se comprometen a escoger los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una nómina de treinta abogados que llenen los requisitos que la Constitución señala y que sean de reconocida honradez, experiencia y capacidad. La nómina de treinta candidatos será propuesta a los partidos políticos por el Colegio de Abogados, el que a su vez la escogería por votación de todos los Abogados inscritos en él. También en esta integración se procurará guardar la armonía de modo que se escojan Abogados de todas las filiaciones políticas. La mayoría de miembros y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia corresponderá al Partido que no obtuvo la Presidencia de la República. Ambos Partidos convienen en respaldar todas las disposiciones que tiendan al establecimiento de la Carrera Judicial, con vistas a que los Tribunales de la República ejerzan su sagrado ministerio conforme a la independencia de acción, conocimiento de las ciencias jurídicas y sentido de equidad que reclama la recta aplicación del derecho.
6. Para desempeñar la Contraloría y Procuraduría General de la República, los partidos se comprometen a escoger personas idóneas y legalmente hábiles, privando en la escogencia su capacidad y no su afiliación partidista. Contralor y Procurador deberán pertenecer a diferente partido; y el Sub-Contralor y Sub-Procurador a distinto partido que el titular respectivo.
7. En cuanto a la designación del Presidente de la República, ambos partidos convienen que sea la manifestación directa y soberano de la voluntad del pueblo hondureño la que decida en cuanto a la escogencia del Primer Magistrado de la República y de los respectivos Designados, a través de elecciones caracterizadas por su libertad y pureza democrática. Para el logro de este ansiado objetivo, el Partido Nacional y el Partido Liberal se comprometen a encauzar la campaña electoral por las vías del civismo, la cultura y el respeto recíproco, evitando en ambos lados el desbordamiento de las pasiones proselitistas y excesos que pueden constituir vejación para cualquier persona o entidad del grupo contrario. Ambos Partidos se encuentran animados por el anhelo de que el 28 de marzo de 1971, día señalado legalmente para la celebración de elecciones de Autoridades Supremos, Honduras proporcione al mundo un ejemplo de civilización política, de madurez democrática y de culto reverente a la majestad de las libertades republicanas. La dirigencia del Partido Nacional y del Partido Liberal, de común acuerdo, se han trazado el inquebrantable propósito de que las próximas elecciones generales sean un día de fiesta cívica, de exaltación democrática, de comunión humana entre todos los hondureños, sentimiento y hechos demostrativos de que nuestros pueblos y sus líderes han despertado a una nueva conciencia de lo que deben ser las relaciones de convivencia ciudadana, tanto en el orden político, como en el económico y el social; en la esfera de las ideas y en el terreno de los hechos. Si la democracia, la libertad y la fraternidad han de implantarse permanentemente en Honduras, es ahora o nunca cuando debemos tratar de que se afirmen las raíces de estas esenciales virtudes colectivas y los Partidos Liberal y Nacional están dispuestos a unir sus esfuerzos para que así sea, fijando con hitos de eternidad la trayectoria histórica que nos conducirá hacia una Patria más grande, respetada y feliz. Durante la vigencia de este Acuerdo, los dos partidos se comprometen a seguir un plan mínimo de Gobierno, con los siguientes puntos:
PLAN MÍNIMO DE GOBIERNO
1.- Procurar la solución de los problemas existentes con El Salvador, que deberá tener por base la demarcación definitiva de la frontera entre ambos países.
2.- La coordinación de todos los sectores a modo de poner en práctica de inmediato una política de desarrollo económico y social en todos sus aspectos, que garantice la superación de los problemas que el país enfrenta por su escasez de producción para consumo y exportación.
3.- Fijación de una política internacional conjunta para enfrentar con posibilidades de éxito los diferentes problemas pendientes.
4.- Propiciar la reestructuración del Mercado Común Centroamericano, de modo que garantice a todos los países miembros una equitativa distribución de beneficios.
5.- Adopción de una política agraria que garantice el aumento de la productividad, la incorporación del sector campesino al proceso económico y su superación y dignificación mediante la creación de las facilidades necesarias para que tenga acceso a la propiedad de la tierra y a la asistencia económica, social, técnica
y de otro orden que fuere necesaria, otorgamiento de garantías suficientes para que sea reconocida y respetada la propiedad de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria.
6.- Ejecución de planes de educación y preparación de mano de obra a todos los niveles que capaciten a la población para cumplir, mediante el aumento de la producción, los planes de desarrollo económico del país.
7.- Respeto irrestricto a los principios de escogencia sobre bases de capacidad y estabilidad del personal del Estado que consigna la Ley del Servicio Civil, a fin de establecer la carrera administrativa.
8.- Estudio de la necesidad de reforma de la organización administrativa del Estado con miras a simplificarla, y de los regímenes tributario y municipal.
9.- Profesionalización de los servicios técnicos del Estado y en especial de los servicios diplomático y consular.
10.- Creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
11.- Reforma y aplicación estricta de la Ley de Probidad Administrativa.
12.- Adopción de una política habitacional adecuada. Se ha convenido igualmente que el PLAN MÍNIMO DE GOBIERNO será preparado por el Consejo Superior de Planificación, el cual lo elaborará en estrecho contacto con las fuerzas proponentes del planteamiento del 8 de diciembre y los partidos políticos y entrará en plena vigencia a partir del año de 1972. Los partidos políticos se comprometen también a reformar la Ley Orgánica del Consejo Superior de Planificación, a fin de darle una mayor participación en él a las fuerzas vivas, sindicalismo y otros sectores de importancia en el desarrollo integral del país.
De lo anteriormente expuesto se desprende que el Partido Nacional y el Partido Liberal han aceptado en espíritu las recomendaciones y propuestas consignadas en el PLAN POLÍTICO DE UNIDAD NACIONAL sometido a su consideración por el señor Presidente de la República y los señores Representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Confederación de Trabajadores de Honduras.
La aceptación de estos principios ha sido solemnizada además por el Convenio celebrado entre los máximos organismos directivos de ambos partidos políticos, que ahora vienen a someter este arreglo formal y concreto para el establecimiento de un GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL a la garantía y aval de los organismos y funcionarios constitucionalmente autorizados para velar por su cumplimiento, y ante la presencia edificante de todos los proponentes del PLAN POLÍTICO DE UNIDAD NACIONAL.
Tegucigalpa, D. C., 7 de enero de 1971.
Por el Partido Nacional: Ricardo Zuniga Agustinus, Mario Rivera López, Horacio Moya Posas, Martin Agüero h, y Nicolás Cruz Torres.
Por el Partido Liberal: Jorge Bueso Arias, Felipe Elvir Rojas, Carlos Roberto Reina, J. Leonardo Godoy C, y Ubodoro Arriaga
Fuente: Mario Argueta, Osvaldo López Arellano, Dos golpes y una guerra, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2023, paginas 326-- 334
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