LA MASACRE DE “LOS HORCONES”, LA MAYOR DE HONDURAS: SUS CAUSAS Y EFECTOS

 “La diferencia es que su tata, mató al mío”
Lucas Aguilera

 Juan Ramón Martínez

La masacre de los Horcones (25 de junio de 1975), afectó las partes más sensibles del tejido social hondureño; al régimen militar y su proyecto reformista; a la Iglesia Católica, al movimiento campesino social cristiano, a las organizaciones gremiales ganaderas y agrícolas, a la academia universitaria, a los partidos políticos, al cuerpo diplomático y a los periodistas. Es decir que, pocas acciones irregulares, ocurridas en el país, han tenido, en función de su tamaño y carácter local, efectos más dañinos en toda la historia nacional. Tal vez, comparable sólo con la revolución de 1924, huelga de 1954 y la guerra de Honduras, en contra de El Salvador. Y con efectos igualmente devastadores. Pero con todo, efectos políticos adversos al pueblo, porque al final, fortalecieron a la burguesía ganadera olanchana y dieron paso al desarrollo y consolidación de la única dinastía política de Honduras.

Contexto del acontecimiento

 El año 1975, es muy interesante. En 1974, Honduras fue severamente afectada por el huracán Fifí. Además, todavía se observan los efectos de la movilización poblacional que provocó la guerra con El Salvador, porque Olancho, escenario de los hechos, experimentó una masiva expulsión de campesinos precaristas que ilegalmente labraban tierras en los valles y en las laderas olanchanas. De modo que, posiblemente fue el departamento que experimentó una rebaja sustancial de la presión de los campesinos sobre la tierra. Durante los días anteriores al 14 de julio, el coronel Padilla y sus oficiales, aterrorizaron a los campesinos y les obligaron a albergar el miedo, frente a la amenaza de la envidia que los denunciaran y los expulsaran. Los ganaderos, asumieron el hecho, como una puerta al aumento de su poder y su influencia, de modo que las relaciones entre ganaderos y militares, se profundizaron en forma visible. Y, de la misma manera, aumentó la hostilidad de los jefes militares en contra de las organizaciones campesinas, los sacerdotes y trabajadores sociales que animaban y apoyaban la emergencia de los campesinos en la vida política y económica del país. Unos años antes, la FENAG, dirigida por Fernando Lardizábal, le había pedido al presidente Ramón Ernesto Cruz, la expulsión de los sacerdotes franciscanos del departamento de Olancho, petición que no satisfizo el presidente Cruz, porque Oswaldo López Arellano, que era quien gobernaba realmente, por petición de Monseñor Santos, Arzobispo de Tegucigalpa, se opusiera. En 1975, López Arellano, --el más civil de los militares, el que tenía más barrio y en consecuencia más habilidad de negociación con la sociedad civil-- , había sido sacado y enviado a su casa y, en consecuencia, el proyecto militar reformista, que buscaba sustituir al liderazgo civil por incompetente en la dirección del gobierno, se había agotado. Juan Alberto Melgar, era popular y cercano; pero era hombre de barracas, preocupado por la imagen del poder, así como los jóvenes oficiales de la primera promoción que, para entonces eran las figuras centrales del mando real de la institución militar. Melgar, “entró en contacto con el sector social cristiano ya que dos de sus militantes fueron llamados a desempeñar cargos de mucha responsabilidad en el gobierno y se abrieron al mismo tiempo las conversaciones directas con la Central General de Trabajadores y la Unión Nacional de Campesinos” (Benjamín Santos Datos para el estudio del movimiento social cristiano, IISE, 1981,18).

 

Máximo Aguilera

Fernando Montes Matamoros fue nombrado Ministro de Recursos Naturales y Vicente Williams Agasse, Asesor del Jefe del Estado. La Iglesia Católica, era una de las más progresistas del continente, e identificada con los campesinos y creyentes, dentro de la concepción suya en favor de los pobres. Por su parte, la organización campesina social cristiana experimentaba uno de sus momentos cumbres: la presencia de las organizaciones social cristianas era obvia por cuestionadora, porque hasta entonces la fuerza mayoritaria era la ANACH – muy vinculada con los militares— y FEHCORA, igualmente muy articulada al poder público. En cambio los social cristianos que respaldaban el reclamo popular de la UNC, eran apoyados por las Cooperativas de Consumo, agrarias y de ahorro y crédito, los clubes de amas de casa, las escuelas radiofónicas y los patronatos campesinos, asesorados por el CONCORDE, el primer esfuerzo de los reformistas social cristianos para ofrecerles servicios al movimiento popular organizado. Y por supuesto el PDCH que, iniciado en 1968 en Choluteca, tenía el único proyecto de reforma para el país que se tenga conocimiento hasta ahora. Finalmente, para ese año, los líderes empresariales y los dirigentes de los partidos tradicionales, empiezan  a mostrar inquietudes ante el continuismo militar que, cómo dijimos, luce fatigado y débil, especialmente por el cambio de guardia entre López Arellano y la nueva generación que representan Melgar Castro y Paz García, por una lado y la joven generación de profesionales militares  que constituyen los 35 miembros de la primera promoción de oficiales graduados en la escuela Militar Francisco Morazán. Y finalmente, la UNAH, dirigida por Jorge Arturo Reina, tenía mucha influencia nacional, tanto por la presencia dinámica de la FEUH y sus dirigentes, como porque la enseñanza en las carreras sociales, se había visto singularmente fortalecida por la presencia de los docentes emigrados de Chile después de septiembre de 1973; y que sirven cátedra en las escuelas universitarias más relacionadas con la sociedad organizada.

Los antecedentes: las negociaciones
y la falta de acuerdos

 

 Óscar Ovidio Ortíz Ruíz

“El 18 de mayo de 1975, la UNC empezó con una ocupación simultánea de tierras por más de 120 grupos en todo el país, las presiones ante el gobierno para que se acelerara la reforma agraria. El obligado desalojo de tierras fue seguido de dos operativos más con el mismo propósito: manifestaciones frente a los tribunales de justicia y toma de puentes para obtener la libertad de los presos de la reforma agraria, y finalmente la marcha campesina hacia la capital donde debían congregarse los diferentes grupos a fin de manifestar su inconformidad por la lentitud con que se estaba impulsando el proceso” (Benjamín Santos, obra citada, 54).

Esta última acción, no era inédita en la historia política nacional. Sólo lo es porque es dirigida exclusivamente por los campesinos. Tres años antes, en diciembre de 1972, la ANACH, dirigida por Reyes Arévalo y manipulada por Oswaldo López Arellano, Jefe de las Fuerzas Armadas, había sido utilizada como excusa para deponer a Ramón E. Cruz, mediante el golpe de estado del 4 de diciembre de 1972. De modo que, Juan Alberto Melgar Castro y los dirigentes militares que integraban el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, consideraron la movilización campesina, como una acción de López Arellano y el PDCH, para deponer a Melgar Castro y apresurar la salida de la primera promoción. Fernando Montes Matamoros, Ministro de Recursos Naturales y uno de los dirigentes históricos del social cristianismo, hizo varios esfuerzos para detener la marcha campesina. También Vicente Williams Agasse, asesor de Melgar Castro. Montes efectuó hasta cinco reuniones documentadas con la dirigencia campesina y con líderes de la DC, el más destacado entonces Ramón Velásquez Nássar; el que, en algún momento tuvo fuertes diferencias, por el tema que nos ocupa, con Serapio Hernández Castellanos, Procurador General de la República. También se confrontó con Fernando Montes que quería evitar la Marcha del Hambre. Velásquez era muy exigente, obstinado y seguro que, creyó que había llegado la hora de mostrarse duro en las negociaciones y doblegar al poder. Pero equivocado probablemente en el balance de las fuerzas confrontadas. Todo lo contrario de Montes que, siempre creyó que se había perdido entonces la capacidad para pactar, porque la información que se manejaban era incompleta y porque se había caído en cierto triunfalismo y exagerada confianza en la organización campesina. La UNC, se mostró igualmente inconmovible. Era dirigida por el líder sureño Pedro Mendoza Tilguant y la Central General de Trabajadores de la que esta formaba parte, bajo el liderazgo de Julián Lagos. Desde largo, esta persistencia de los dirigentes campesinos por no ceder, puede valorarse de diferentes maneras. En primer lugar, creían que, nada pasaría y que ellos, conseguirían negociar en mejores condiciones y después de la marcha, con el gobierno. Esta tesis se confirma por el hecho que, fuera de Olancho, la marcha no tuvo ningún resultado negativo y los grupos que participaban regresaron a sus bases rurales, sin ningún daño. Sólo en Olancho, la zona en que el conflicto campesino era menor, las tierras sobreabundaban y el movimiento campesino había entrado en una fase de organización económica insuperable, fue que se produjeron los hechos del 25 de junio de 1975. Claro, ellos no contaban con la explosión de las contradicciones emocionales que experimentaban los oficiales del ejército asignados en Olancho, las relaciones con los ganaderos y el miedo de éstos, porque creían que era posible que la labor de los sacerdotes y el obispo Nicolas D’Antoni, les produjeran daños a sus intereses y a sus imágenes de líderes poderosos. El miedo suyo a la movilización campesina, era inmanejable, especialmente por Enrique Chinchilla que parece que actuaba bajo los efectos de las drogas, en algún momento en que le tocó tomar decisiones. Y sólo bastó que el profesor Guillermo Ayes Mejía, “ex supervisor de educación primaria de Olancho y Juan Pablo Suazo supervisor auxiliar de Catacamas” (Juan Alfaro Posadas, Diario El Día, 23 de julio de 1975) movilizaran alumnos para reclamar por una propiedad de la Iglesia Católica con fines de usarla para un Kinder, hecho que permitió al mayor Enrique Chinchilla y su gente, encontrar la justificación para el ejercicio arbitrario de sus facultades. Después, se tuvo la impresión que la acción de Ayes Mejía y Juan Pablo Suazo, fue concertada con el mayor Chinchilla y los dirigentes ganaderos olanchanos. Y hábilmente utilizada para sus planes de destruir la organización de los campesinos. Los dirigentes magisteriales repudiaron a Ayes Mejía y a Juan Pablo Suazo.

Los hechos dolorosos

 

Bernardo Rivera

Después de la manifestación de Guillermo Ayes Mejía y de Juan Pablo Suazo, los miembros del DIN, entraron y capturaron a dirigentes de la central de servicios de la Federación de Cooperativas de Consumo, supervisores de las Escuelas Radiofónicas y promotores de la Fundación Hondureña de Desarrollo que tenían sus oficinas en el Centro de Capacitación Santa Clara; y al párroco de Gualaco, padre Casimiro Cypher que andaba de visita en Juticalpa. En total, siete personas las que fueron encerradas en el presidio de Juticalpa a cargo de David Ártica Tablada. La coincidencia de estas dos acciones, hace pensar que Guillermo Ayes Mejía, era parte de una conjura pactada con Chinchilla y con los dirigentes ganaderos de Olancho. De aquí fueron conducidos a Lepaguare para quitarles la vida, después de criminales interrogatorios y arrojados los cadáveres a un pozo de malacate, el que fue cubierto nivelando el terreno, de modo que, a primera vista, nunca había existido jamás. Este grupo de prisioneros, estaba integrado por 11 personas. Ellos eran, Casimiro Cypher, Máximo Aguilera, Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo Gómez, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Óscar Ovidio Ortíz.

Las tres personas restantes, fueron detenidas en horas de la tarde – lo que hace pensar que había un plan de eliminación sistemática y que, en consecuencia, se trataba de la ejecución de un asesinato muy bien planificado--, en una gasolinera, en donde el vehículo manejado por el sacerdote Iván Betancourt, se detuvo para repostar combustible. Mientras recibía la gasolina, fue identificado y la información inmediatamente comunicada a los retenes que se habían instalado para detener la marcha de los campesinos. Acompañaban a Betancourt, que entonces era párroco de Catacamas, la novia de su hermano María Elena Bolívar que venía junto a la madre de Iván Betancourt, a conocer Honduras y a presentarse la primera como futura cuñada. Y la estudiante de la carrera de trabajo Social de la UNAH, Ruth García Mallorquín, amiga del padre Iván y que le había pedido jalón para visitar a sus familiares en Catacamas, en donde ella era originaria. Cuando el padre Iván Betancourt se dio cuenta que querían apresarlo, emprendió viaje de regreso a Campamento; pero fue detenido y su carro – un vehículo Datsun-- apareció quemado cerca de Guaymaca, Francisco Morazán. Los tres fueron capturados y llevados a la hacienda Los Horcones, Lepaguare, propiedad del ganadero José Manuel Zelaya Ordóñez de 50 años de edad, en donde, según el informe que rindieron los oficiales de las Fuerzas Armadas, nombrados al efecto después de la denuncia de la Conferencia Episcopal, fueron interrogados torturados y asesinados. Según refirió al autor el coronel Amílcar Zelaya, el subteniente Plata, el mayor Chinchilla, y los ganaderos Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Barh, se distribuyeron las personas a ejecutar, de modo que todos se hicieron partícipes, para que nadie delatara a los demás. Primero torturaron y mataron a los dirigentes campesinos y trabajadores sociales, después las dos mujeres y al final, al padre Iván Betancourt que les imploró que no mataran a las mujeres. Oró durante tres horas, reportó un informante. Y para cometer el crimen, usaron armas nacionales, fusiles y pistolas calibre 45. No se sabe, quienes fueron los ejecutores de cada uno de los ajusticiados. Pero que todos los asesinados fueron torturados antes de morir. Edna Salazar, esposa de Roque Ramón Andrade, declaró que “la mayoría de los cadáveres que fueron desenterrados en Lepaguare, aparecieron sin cabeza, solo tenían la mandíbula inferior” (Juan Alfaro Posadas, diario El Día, 23 de julio de 1975).  Chinchilla, Plata, Zelaya y Barh participaron en los interrogatorios, torturas y ejecuciones. El mayor Enrique Chinchilla era el jefe del destacamento militar radicado en Olancho. Manuel Zelaya, “hasta hace algunos días era un desconocido hacendado que trabajaba en Olancho, ahora todo el mundo lo conoce. Mel Zelaya dice, una de esas historias, sufre un problema emocional cuando hace algún tiempo su madre y una hermana suya fueron masacrados por campesinos que estaban a su servicio, haciendo una verdadera carnicería con las dos mujeres y que de allí le viene el aborrecimiento al sector campesino; pero repetimos, es una de tantas historias que hemos recogido en esas calles, no nos responsabilizamos de su veracidad o fantasía” (Antonio Ocampo Santos, El Cronista, 12 de julio de 2023)

La reacción popular: la iglesia, la UNAH, los partidos,
el gobierno y la organización popular 

Ante los hechos develados, la Iglesia no se llamó al silencio. Y mucho menos, cuando escuchó las explicaciones del Mayor José Enrique Chinchilla en el sentido que los desaparecidos, se habían enmontañado para operar un foco guerrillero. Y menos creyó al jefe militar de Olancho cuando declaró que “me siento profundamente preocupado y conmovido ante la supuesta desaparición del Padre Casimiro Cypher. Comprendo las consecuencias que puede traernos esto y la problemática internacional ante el suceso” (Diario Tiempo, San Pedro Sula, 2 de julio de 1975). 

Por ello, mas bien reaccionó en forma valiente y oportuno. La primera iglesia que reaccionó fue la de Choluteca, la segunda diócesis afectada por la represión militar, cuando le cerraron violentamente las operaciones a Radio Paz, la Voz del desarrollo que operaba animada por la prelatura. Por ello en un pronunciamiento público, afirmaron que, “si bien hubo hechos sangrientos en Olancho y se han producido en otras partes del país, allanamientos, detenciones, vigilancia fuera de la normal y cierre provisional de una emisora de la Iglesia; por otra parte ningún sacerdote ni religioso de la Prelatura de Choluteca ha sido detenido ni molestado por las autoridades, fuera de ciertas citaciones y amonestaciones discretas en casos muy contados… Pedimos libertad completa para que la Iglesia pueda movilizar su personal  apostólico según sus propios criterios y cumplir su misión de llevar el evangelio a todos” (Diario El Tiempo, San Pedro Sula, 2 de julio de 1975). Para entonces, el Arzobispo de Tegucigalpa, Héctor Enrique Santos, había recibido información de José Ochoa Martínez que confirmaba que los desaparecidos habían sido asesinados. El Arzobispo presentó los reclamos correspondientes y los militares entonces, integraron una comisión de alto nivel para investigar los hechos.

Por su parte, los universitarios se movilizaron, Realizaron una marcha del silencio “como primer acto de presión para que el gobierno informe del paradero de una muchacha universitaria, Ruth García Mallorquín y seis desaparecidos más”. (Irma Santos, diario El Día, 9 de Julio de 1975). 

El vicerrector de la UNAH, Virgilio Carías se reunió con Juan Alberto Melgar, después de lo que declaró que creía en su palabra, en el sentido que se investigarían las cosas y se castigaría a los culpables. Pero cómo una cosa eran las palabras del gobernante y otra los hechos, la Iglesia Católica, en un documento suscrito por el Arzobispo de Tegucigalpa, los Obispos de Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Choluteca y Auxiliar de Tegucigalpa, los vicarios y sacerdotes, los representantes de la Conferencia de Institutos Religiosos de Honduras, de la Comisión Nacional de Pastoral, de la Federación de Colegios Católicos, de los Cursillos de Cristiandad, de Cáritas de Honduras, del Movimiento familiar Cristiano, de la Legión de María, de los seminarios y de la Pastoral, “ante los dolorosos y sangrientos acontecimientos en el departamento de Olancho y los atropellos y registros realizados en El Progreso (Yoro), Choluteca y Tegucigalpa, divulgados por todos los medios de información y habiendo conocido el informe de la Comisión compuesta por los presbíteros Valentín Menéndez y Luis Santos y Tte.  Coronel Manuel E. Suarez que visitó aquel departamento con el fin principal de comprobar el paradero de los sacerdotes Casimiro (Michel Jerome) Cypher e Ivan Betancourt y de las señoritas María Elena Bolívar y Ruth García, en nombre del pueblo católico de Honduras preocupado, ofendido, desconcertado y anheloso de la calificación de los hechos y de hacer justicia, declaran que protestan por el atropello de los sacerdotes, religiosos y laicos, exigen al gobierno militar una intervención exhaustiva y rápida sobre el paradero de los sacerdotes, señoritas y de las otras personas que han corrido la misma suerte; piden el retiro de las tropas o custodia militar de los templos de Olancho; exigen al gobierno militar la presentación de pruebas de supuestas implicaciones de sacerdotes, religiosas o laicos en movimientos subversivos o infracciones de las leyes del país o maquinaciones contra la seguridad del Estado y que mientras no haya pruebas que cesen los comunicados oficiales en que se da por sentada la culpabilidad de sacerdotes y religiosas”(El Día, 11 de julio de 1975).

El gobierno militar supo que tenía que reaccionar. Para ello, integró cómo queda dicho una Comisión de Alto Nivel la que develó el crimen, los actores, la forma de la muerte de catorce personas y los sufrimientos y vejámenes a que fueron sometidas. Y aunque fueron encausados y juzgados, la impresión que se formó de aquellos hechos es que no se había hecho justicia. Sin embargo, todo cambió a partir de entonces. Melgar Castro, perdió el poder tres años después; y, en 1979, los militares aceptaron ponerle fin a su proyecto reformista y convocaron a elecciones generales en 1980. Los partidos políticos, Partido Nacional y Liberal – que no reaccionaron ante los hechos comentados, cómo se debió esperar— volvieron al ejercicio cívico y disputaron en elecciones libres, el restablecimiento del orden democrático. En 1982, se emitió una nueva Constitución – la más longeva de la historia— que ha permitido la operación del sistema democrático, la reducción de la influencia de los militares y el aumento del poder de los partidos y de los políticos en las decisiones nacionales. El pueblo, justo hay que reconocerlo, ha mejorado sus niveles de vida, pero la pobreza se abate criminalmente sobre las mayorías.

El castigo a los culpables,
la amnistía y el olvido

Con el paso del tiempo, el crimen que afectó las estructuras de la sociedad hondureña, empezó a diluirse en el olvido. Lo que permitió que los encausados, juzgados y sentenciados, evadieran el pago de sus sentencias. Plata, Zelaya Ordóñez y E. Barh, estuvieron poco tiempo en la cárcel. Zelaya Ordóñez, estuvo, además, recibiendo muchas consideraciones de parte de sus carceleros de forma que siempre pudo salir a visitar sus negocios en Olancho, para lo cual tenía aparcado un automóvil en el que se movilizaba para supervisar sus haciendas ganaderas. Lo que aumentó, cuando su segundo hijo Carlos, encausado por la muerte de los jóvenes Junior Kafatti y Camilo Girón, estuvo haciéndole compañía, tanto en la cárcel como en sus giras a Olancho. Una vez llegado el gobierno liberal, la Asamblea Constituyente presidida por Roberto Suazo Córdova, emitió un decreto de amnistía que, evidentemente tenía dedicatoria y se ha constituido en una pieza más en el alto edificio de la impunidad en Honduras.  Manuel Zelaya Ordóñez murió el 13 de octubre de 1989 y en su funeral, estuvo presente Jorge Arturo Reina, que precidió en 1975 el funeral de Ruth García Mallorquín, sin que recordara que había estado en el acto final del autor y la víctima, o que le temblara ningún musculo del rostro. Apenas escudado en la condición de ser miembro de la misma familia Zelaya, por el lado de los Ordóñez, apellidos que llevó su madre.  Su hijo mayor, José Manuel, su nuera Xiomara y su hijo Carlos, y sus nietos formaron parte de la más completa dinastía política familiar de la historia hondureña, sin que una gota de sangre humana interrumpiera su acceso y duración en el poder. Los hijos de las víctimas no tuvieron igual suerte. El Partido liberal les abrió el camino al poder a los Zelaya, contando con el respaldo solidario e inconsciente de los hijos de quienes muchos antes lloraron impotentes sus muertos. Porque el gran cómplice de los destructores de la vida humana, es la falta de memoria de los humildes; y, la capacidad de disimular de las élites que, recordando selectivamente, pactan favores y sonríen beatíficamente ante quienes al final, lavan sus pecados en las fuentes del poder que todo lo disimula y lo perdona. Fernando Lardizábal, Presidente de FENAG, fue candidato a la presidencia bajo la bandera del Partido Nacional; Jorge Arturo Reina, diputado liberal al Congreso Nacional, igual que Ramón Velásquez Nássar y Alfredo Landaverde, por el PDCH. Lucas Aguilera hijo de uno de las víctimas, fue diputado al CN y el Parlamento Centroamericano. Tuvieron más suerte los Zelaya que, lograron que dos de sus miembros – Manuel Zelaya Rosales y su esposa Xiomara Castro— fueran presidentes de la República, elegidos por el pueblo; Carlos Zelaya Rosales diputado y una nieta del patriarca, diputada del Congreso Nacional. Otros parientes, todavía por terminar de contar, gozan de importantes posiciones gubernamentales, con el apoyo electoral del pueblo hondureño.

Tegucigalpa, 15 de junio de 2023